¿Es posible trabajar en un lugar donde opera el crimen organizado sin ser extorsionado? Para el dueño de una empresa en Chihuahua, que emplea a más de 1,000 personas y factura 1,000 millones de pesos al año, la respuesta es afirmativa. No hay ningún secreto: invierte 1 millón de pesos mensuales en seguridad.

Eso incluye a 50 escoltas, la mayoría ex militares y ex policías que cuidan a los ejecutivos, a los dueños de la empresa y a sus familias en turnos de ocho horas seis días a la semana. La empresa paga sus servicios a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pues sólo estando adscritos a la dependencia pueden portar armas cortas y largas, mismas que también rentan a la Secretaría. La inversión contempla el mantenimiento de unos 20 vehículos y camionetas, uniformes y ropa de vestir, gastos de viajes, cursos de tiro, horas extra, perros amaestrados y unos 40 veladores para el negocio y ocho casas. “Estamos cumpliendo una función que el gobierno es incapaz de darnos”, refiere el empresario.

En este estado sólo las firmas que pertenecen al Grupo 13 y Grupo Millenium, asociaciones legalmente constituidas, pueden contratar elementos de la Secretaría de Seguridad. Estos grupos fungen como intermediarios con las autoridades.

Manjarrez, vicepresidente de la Coparmex, confirma que existe este programa de seguridad con las autoridades en Chihuahua desde 1995, por el gran capital de algunos empresarios en el estado. “Se convino con el gobierno estatal que fueran elementos que capacitara y contratara el estado para dar certidumbre jurídica”, señala.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en México el gasto en seguridad privada asciende a 15% del Producto Interno Bruto, esto es, unos 130,000 millones de dólares (MDD), casi la mitad del presupuesto federal para 2010.

El Consejo Nacional de Seguridad Privada refiere una facturación aproximada de 716 MDD en la contratación de este tipo de servicios, con un crecimiento anual que promedia 30%.

Pero en México pocas unidades económicas están en posibilidades de pagar un blindaje de ese tamaño. La opción que han encontrado algunos es la de unir fuerzas. Por ejemplo, en Ciudad Juárez las empresas que operan en las avenidas Tomás Fernández y Gómez Morín, con alta actividad comercial, se han unido para pagar policías, 12 elementos para patrullar. Según su tamaño, las compañías pagan desde 1,500 a 10,000 pesos mensuales.